El Abogado General de la UE se posiciona a favor de los afectados/as

El Abogado General de la Unión Europea ha hecho público el contenido de su esperado dictamen dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que deberá tomarlo en consideración -aunque no tenga carácter vinculante- a la hora de dictar su sentencia en relación a la comercialización en España de hipotecas referenciadas al índice IRPH.

En su dictamen dirigido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) considera que el IRPH no está exento del ámbito de aplicación de la legislación comunitaria en materia de protección de los derechos de los consumidores de productos financieros.

En este informe, el Abogado General se posiciona claramente a favor de los derechos y garantías de los consumidores y contradice frontalmente el criterio sostenido por el Tribunal Supremo cuando afirma que la condición de índice oficial del IRPH lo exonera de la posibilidad de estar sometido a ningún tipo de control de transparencia por parte de los tribunales. En sentido diametralmente opuesto, el dictamen señala que el IRPH no está exento del ámbito de aplicación de la legislación comunitaria en materia de protección de los derechos de los consumidores de productos financieros, incluyendo la potestad de los tribunales para ejercer un control judicial de las condiciones de comercialización. Por tanto, su incorporación a los contratos de préstamo hipotecario puede ser objeto de revisión judicial para comprobar que la entidad ha facilitado toda la información necesaria a los clientes de tal forma que estos comprendieran no sólo la naturaleza de este índice hipotecario sino, especialmente, las posibles consecuencias económicas negativas a la que se exponían en comparación con la utilización de otros índices de referencia como el Euribor.

Unas conclusiones que coinciden con el contenido de un contundente informe que en diciembre pasado, y en relación también al caso del IRPH, los servicios jurídicos de la Comisión Europea dirigieron al TJUE recordando que debían interpretar las Directivas Europeas de protección de los consumidores financieros en el sentido de preservar la capacidad de los tribunales nacionales para evaluar la posible abusividad de cualquier cláusula incorporada en un préstamo hipotecario incluyendo, obviamente, la cláusula IRPH.

Fuente: Colectivo Ronda

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